Superjueces y archivillanos

El viejo senador Pinochet, postrado en su lecho en aquella habitación de un hospital londinense, no daba crédito a sus oídos. ¿Realmente aquel funcionario de la embajada chilena en Londres le estaba diciendo: «Lo siento, excelencia, pero no va a poder salir del país. Scotland Yard tiene orden de arrestarlo mientras se resuelva una petición de extradición que pesa contra su excelencia».

Y juraría que el muy tunante lo decía con media sonrisa bailándole en la comisura del labio. Claro, ese pendejo seguro que era uno de los que se libró por los pelos cuando el senador era Generalísimo y estaba limpiando el país de rojos, librepensadores, demócratas y demás gentuza. «¿Quién coño se atreve a pedir mi extradición, a dónde y por qué?» le respondió, aunque ya sabía la respuesta. Tan lerdo no era, ya le habían llegado voces de aquel juez español. «El juez Baltasar Garzón, excelencia» le confirmó el pendejo, disimulando la sonrisa cada vez peor. «Pide su extradición a España para ser procesado» «¿A santo de qué?» «Yo nunca he estado en España» «Invoca la jurisdicción universal sobre delitos contra la humanidad, excelencia. El derecho de Nuremberg. Y los ingleses han aceptado la petición, excelencia. Lo siento, excelencia, pero mientras esto se solucione queda confinado bajo arresto en estas habitaciones» y el pendejo ya casi sonreía abiertamente.

En el anterior número de El Nuevo Cojo se daba cuenta del juicio en un tribunal español contra el ex marino Adolfo Scilingo, por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura en Argentina. El juicio se ha resuelto con la pena de 640 años de cárcel contra el reo. La sentencia crea un precedente jurídico internacional inquietante (bueno, inquietante para algunos): el reconocimiento de la jurisdicción internacional en crímenes contra la humanidad, un concepto que tiene su base en la legislación de Nuremberg. 

Pero, ¿realmente existe ese animal llamado derecho penal internacional, que el juez Garzón parece tan empeñado en conjurar? Y, ¿Quién es ese juez y por qué se cree con derecho a juzgar a los archivillanos del mundo?

El fantasma de Núremberg

Bélgica, 27 de marzo de 1987. En el Centro de Derecho Internacional de la Universidad Libre de Bruselas. El profesor Eric David dirige un debate sobre el tema de la jurisdicción en crímenes contra la humanidad. Explica:

-No, no estamos desvalidos ante las más graves violaciones del derecho internacional. El instrumento de una represión legal de estas violaciones existe y, si bien no es más que una pura virtualidad, puede ser reactivado y aplicado a cualquiera que cometa actos que formen parte de sus disposiciones. Hagamos un poco de derecho penal-ficción e imaginemos que Augusto Pinochet, líder del golpe militar que derrocó el gobierno de Salvador Allende en Chile en septiembre de 1973, viaja a un país como Bélgica. ¿Podríamos perseguirle? En tanto que actos inhumanos cometidos por motivos políticos en nombre de un estado, estos hechos son crímenes contra la humanidad. La inmunidad de jurisdicción, la presunta soberanía jurisdiccional de Chile, puede, de buena ley, serle rechazada.

El debate deriva a los juicios de Núremberg contra los líderes nazis, donde se estableció por primera vez el concepto de «crimen contra la humanidad». Uno de los asistentes pregunta al profesor:

-¿Qué queda del derecho de Núremberg?

-Buena pregunta. ¿Qué es, hoy día, el derecho de Núremberg? ¿Una espada de Damocles sobre la cabeza de los dictadores y torturadores o un producto congelado, sepultado en la nevera del aparato legislativo de los estados? Pues bien, es las dos cosas, aunque la realidad nos lleva más hacia el congelador que hacia la espada. Pero la situación no es tan mala, porque el producto existe, y no hay más que descongelarlo para hacerle salir de su letargo. El derecho de Núremberg es un fantasma, pero puede cobrar cuerpo en cualquier momento.

El profesor David concluye:

-Todo juez y todo tribunal que tenga la posibilidad de arrestar al responsable de un crimen contra la humanidad debe perseguirle y enjuiciarle; es una exigencia del derecho y la moral.

Nueve años después, en Madrid, en junio de 1996, el juez Baltasar Garzón sacó el código de Núremberg del congelador para poder admitir a trámite la querella que el fiscal Carlos Castresana había presentado ante él contra los miembros de la junta militar argentina en nombre de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La cosa podía haber quedado en un asunto puramente testimonial, como los juicios in absentia celebrados contra los torturadores Alfredo Astiz en París y Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros en Roma: la instrucción de un juicio cuya sentencia jamás se podría cumplir por estar los acusados a salvo tras las fronteras de otro estado. Pero un militar argentino arrepentido accedió a viajar a Madrid para ponerse en manos de la justicia española. De pronto el fantasma de Núremberg encontraba una oportunidad sólida de tomar cuerpo.

El 7 de octubre de 1997, un día frío y lluvioso, Scilingo aterrizó en el aeropuerto madrileño de Barajas. Garzón empezó a tomarle declaración aquel mismo día. El ex marino confesó haber participado en los infaustos vuelos de la muerte, haber presenciado torturas en la Escuela de Mecánica de la Armada, haber participado en «operativos» contra perseguidos por el régimen. Y, tras aquel primer día de confesiones, el juez ordenó prisión incondicional, desempolvando para ello la vieja y desusada acusación: participación en crímenes contra la humanidad. Fue una sorpresa para el mismo Scilingo, que creía, como tanta gente, en la inviolabilidad suprema de las jurisdicciones penales nacionales. Pero ése es un concepto a cuya demolición el juez Garzón ha dedicado gran parte de su actividad y su carrera.

El general en su laberinto

Al año siguiente, 1998, Garzón hace realidad otra de las especulaciones de derecho penal-ficción del profesor Eric David. Imaginemos que Augusto Pinochet viaja a un país como Bélgica… bueno, aquel año viajó a un país como el Reino Unido. Enterado de ello, Garzón pidió su arresto, el 16 de octubre de 1998, invocando la misma jurisdicción por crímenes contra la humanidad. La policía británica ejecutó efectivamente la orden de arresto contra el ex dictador, y dos semanas después, a pesar de la fuerte oposición de su Fiscal Jefe, la Audiencia Nacional española confirma la jurisdicción española para juzgar al ex dictador. Pinochet acabaría esquivando la extradición alegando problemas de salud. El ministerio del interior británico acepta la alegación y libera a Pinochet, que vuelve a Chile más que deprisa en un avión privado que llevaba días esperándole en el aeropuerto. Al pisar suelo chileno es recibido como un héroe por un puñado de seguidores y altos cargos militares, que le agasajan en una fiesta donde el senador da muestras de gran vitalidad (será porque es senador vitalicio) y muestra un estado de salud envidiable para alguien de su edad, o incluso para alguien más joven.

Poco le durará la alegría de haber escapado de las garras del juez español, porque en Chile hay otro que hace tiempo que intenta sentarle en el banquillo: el juez Juan Guzmán. El 6 de marzo de aquel mismo año, (2000), el juez Guzmán solicita a la Corte de Apelaciones de Santiago el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del ex dictador y senador vitalicio. El 5 de mayo, Pinochet recibe en su casa la primera orden judicial en la que aparece como imputado, y el 23 la Corte de Apelaciones de Santiago resuelve despojar de su fuero parlamentario a Pinochet, en una votación dividida, abriendo paso a la posibilidad de que el general sea procesado por los crímenes de la Caravana de la Muerte.

La Caravana de la Muerte es el nombre con el que se conoce a la comitiva militar que recorrió el norte y sur de Chile luego de ocurrido el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. La misión, ordenada por Pinochet -en ese momento jefe de la Junta de Gobierno-, consistía en uniformar los criterios sobre la administración de justicia en los casos de prisioneros políticos. Se han establecido -según el expediente instruido por el juez Juan Guzmán- las ejecuciones de 72 personas durante tal caravana: cuatro en Cauquenes, 26 en Calama, 14 en Antofagasta, 13 en Copiapó y 15 en La Serena.

El 5 de junio, esta corte confirma que, por 13 votos frente a nueve, ha levantado la inmunidad parlamentaria a Pinochet. Los abogados del ex dictador recurrirán, por supuesto, pero el Tribunal Supremo confirma el levantamiento de la inmunidad y ahora Pinochet espera el momento de sentarse en el banquillo ante el juez Guzmán, quizá pensando si no habría hecho mejor probando suerte en España: al menos, según la legislación española, no podía ser encarcelado, por razones de edad.

Es un ave, es un avión… no, es Supergarzón

Pero volvamos a Garzón. éste había perdido una presa suculenta: sentar a Pinochet en el banquillo habría sido el conjuro definitivo para devolver a la vida el fantasma de Nuremberg. Pero aún le quedaba Scilingo, y ése no se le podía escapar, puesto a buen recaudo en Alcalá-Meco. Aunque el camino hacia su procesamiento fue largo y arduo, marcado por el extremo antagonismo entre el juez estrella de la Audiencia Nacional y el Fiscal Jefe de la misma, Eduardo Fungairiño.

A Baltasar Garzón la prensa le había adjudicado un apodo adecuado, «el juez estrella», pero la calle le encontró uno aún mejor: «Supergarzón». Heredero espiritual del juez italiano Giovanni Falcone, el juez que más daño ha hecho a la Mafia siciliana, y al que ésta consiguió asesinar justo cuando Falcone empezaba a destapar su trama de conexiones políticas, el currículo de Supergarzón es impresionante: ha actuado, como su mentor Falcone, contra las mafias internacionales; contra la banda terrorista ETA, de la que ha sido uno de sus más implacables perseguidores (los etarras recuerdan con especial odio cómo el juez les estranguló económicamente actuando contra las empresas de su entramado financiero); contra la trama española de Al Quaeda, antes incluso de los atentados de Nueva York y Madrid. Contra el segundo banco más grande de España (y uno de los más importantes de América Latina), el Banco de Bilbao-Vizcaya (BBVA) por supuestos lavados de dinero negro en sus cuentas del extranjero. Tras ser candidato al parlamento en las listas del Partido Socialista Obrero Español, entonces bajo el mandato de Felipe González, y desengañado porque se consideraba ninguneado volvió a su puesto de magistrado de la Audiencia Nacional, donde inició un sumario contra los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), un grupo terrorista de estado creado bajo el gobierno González para encabezar la guerra sucia contra ETA.

También ha actuado contra políticos de primera fila por corrupción (Jesús Gil, ex alcalde de Marbella, fue el caso más sonado) y contra políticos extranjeros: ha intentado reiteradamente, y sin éxito, investigar al ex Secretario de Estado Estadounidense Henry Kissinger por su supuesta implicación en un operativo de los años 70 llamado Operación Cóndor (conspiración entre los servicios de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú, supuestamente promovida por la CIA, cuyo objeto fue el intercambio de información sobre supuestos subversivos residentes en los distintos países partes a la Operación, y la colaboración en la persecución de estas personas. La operación le permitió a operativos de inteligencia o de las fuerzas armadas de los distintos países participantes a desplazarse libremente en el territorio de los otros, para así secuestrar, desaparecer o asesinar a sus conciudadanos). En abril de 2001, solicitó al Consejo de Europa desaforar al primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo. En 2003, Garzón hizo una intensa campaña contra la invasión de Irak, cuya legalidad cuestionó muy duramente, como muy duras han sido sus críticas públicas contra el gobierno norteamericano por la detención de prisioneros de guerra en Guantánamo, una acción de la que ha llegado a afirmar que puede constituir delito procesable en el Tribunal Internacional.

El personaje también tiene su parte oscura. Los críticos de Garzón señalan que el magistrado parece ansioso de llamar la atención pública; esto, afirman, le puede haber llevado a investigaciones apresuradas y mal resueltas que han terminado en veredictos de exoneración. Eso ha dicho en concreto Joaquín Navarro, durante muchos años su mejor amigo y actual magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. También se le ha achacado que, con la excusa de la lucha contra ETA, desatara en su momento una guerra sucia en el País Vasco bajo la que, al parecer, se dieron casos de torturas en interrogatorios policiales, el cierre de periódicos (Egin y Gara) y editoriales y emisoras de radio próximas al entorno abertzale (nacionalistas vascos de izquierda, supuestamente el caldo de cultivo de ETA) o a la suspensión de un partido político legal, Herri Batasuna (que tiene con ETA una relación similar a la que tiene el partido irlandés Sinn Fein con el IRA).

Claro está que buscándole las cosquillas a las organizaciones terroristas, la mafia, los políticos y los altos financieros uno corre peligro de hacerse enemigos poderosos, y Garzón sin duda los tiene: ha sido objeto de varias investigaciones privadas y acusaciones públicas que han tratado de vincularle con algún caso de corrupción. Ha salido indemne e inmaculado de todas ellas, porque el superjuez puede o no ser excesivamente duro y quizá hasta atrabiliario, pero de lo que no cabe duda es de que su fama de incorruptible está, hasta la fecha, absolutamente justificada.

El superjuez contra el fiscal villano

Pero todo superhéroe tiene un supervillano como contrapartida y némesis. Y, para Supergarzón, ése, su Lex Luthor y su Doctor Octopus, ha sido el fiscal jefe Eduardo Fungairiño. Protegido del anterior presidente del gobierno español, José María Aznar, próximo a la extrema derecha, incluso su aspecto físico recuerda el de un arquetípico villano de cómic: el torvo obeso de los modales arrogantes y la silla de ruedas cual trono desde el que dirige a sus subordinados con mano de hierro.

Fungairiño, en su calidad de Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, ha combatido todos los intentos de Garzón por aplicar la jurisdicción internacional en materia de crímenes contra la humanidad, cuya vigencia niega empecinadamente. Se negó sistemáticamente a que el ministerio fiscal que él presidía formulara acusaciones en el proceso contra Pinochet, alegando la falta de jurisdicción española en delitos cometidos dentro del estado soberano de Chile. Ante la prensa llegó, incluso, a justificar el golpe de estado chileno, las detenciones masivas subsiguientes y las torturas como necesidades de la guerra contra el comunismo que entonces se estaba librando. Y usó los mismos argumentos para tratar que la Audiencia desestimara otros procesos de Garzón: la investigación del genocidio de los indios maya en Guatemala entre los años 1962 y 1996, solicitada por querella interpuesta ante la Audiencia Nacional por la líder indigenista y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y el sindicato español Comisiones Obreras, y el proceso a Scilingo por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Su subordinado el fiscal Pedro Rubira se negó a formular las acusaciones en un auto donde, por otra parte, reconoce que las juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983 idearon un «sistema clandestino de represión» e implantaron «el terror en el país».

Pero, el 14 marzo de aquel mismo año, el Partido Socialista Obrero, ya sin Felipe González a la cabeza, gana las elecciones, y en junio el nuevo gobierno nombra Fiscal General del Estado a un magistrado reconocidamente progresista, Cándido Conde-Pumpido. Ese mismo mes, el nuevo Fiscal General ordena a la fiscalía ante el Tribunal Constitucional que apoye el recurso de amparo promovido por Rigoberta Menchú y Comisiones Obreras. Conde-Pumpido también ordena a la fiscalía que desista del recurso contra la celebración del juicio a Scilingo. Ahora, la fiscalía del estado apoya la tesis de la competencia de los tribunales españoles sobre el delito de genocidio, en virtud del principio de jurisdicción universal, según se recoge en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La sentencia del 16 de noviembre de la sala de lo penal del Tribunal Supremo deja definitivamente establecida esta jurisprudencia: «los delitos de genocidio, torturas y terrorismo afectan a bienes cuya protección resulta de interés para la Comunidad Internacional», pero añadiendo que «No le corresponde a ningún Estado en particular ocuparse de estabilizar el orden recurriendo al Derecho Penal, contra todos y en todo el mundo, sino que más bien hace falta un punto de conexión que legitime la extensión extraterritorial de su jurisdicción». En otras palabras, para que ese tipo de crímenes puedan ser juzgados en un tribunal español, al menos una de las víctimas debe ser de nacionalidad española.

Para Scilingo, esta sentencia significará que, dos meses después, deba entrar a rastras, enroscado al brazo de un agente de policía, fingiéndose inconsciente, en la sala de la Audiencia Nacional que le va a juzgar por crímenes contra la humanidad. Para condenarle, se necesita establecer como comprobados tres hechos: que existieron delitos de torturas o genocidio en Argentina y en la ESMA, durante los años de la dictadura. Que al menos uno de los muertos o desaparecidos durante ese periodo y por esas causas fuera español. Y que el acusado estuviera implicado de alguna manera en alguno de esos delitos. Ahora, con el juicio celebrado, la sentencia en firme y Scilingo cumpliendo condena en Alcalá-Meco, el precedente jurídico ha quedado establecido.

El precedente tiene implicaciones mucho más inquietantes que el poder juzgar torvos ex dictadores y ex torturadores fuera de sus países de origen, donde con frecuencia han conseguido un blindaje legal difícil de sortear: la aceptación de la jurisdicción universal para estos delitos puede ponérselo difícil a dirigentes o ex dirigentes de democracias formales, pues por desgracia la democracia política no es un antídoto infalible contra la violación de los derechos humanos; actualmente están en curso diferentes iniciativas para encausar, ante el Tribunal Penal Internacional, por la supuestamente ilegal invasión de Irak y por los supuestos delitos de torturas y negación de derechos humanos en las prisiones de Abu Garhib y Guantánamo, contra el actual presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y contra sus principales aliados, el primer ministro británico Tony Blair y el ahora ex primer ministro español José María Aznar. Estados Unidos no reconoce la autoridad de este tribunal, pero Gran Bretaña y España sí. Y, en todo caso, ¿qué pasaría si George W. Bush viajara a un país donde un juez aceptara como vista para sentencia una acusación por crímenes contra la humanidad por lo de Guantánamo?