Venezuela es un país petrolero, el venezolano común lo sabe pero en muchos casos desconoce las repercusiones que tiene esa definición. La riqueza en divisas que produce la venta de petróleo llega a las arcas del Banco Central de Venezuela y luego es transformada en bolívares para que el Estado gaste esos bolívares en cumplimiento de sus obligaciones con los habitantes del país, ya sea mediante el empuje al desarrollo económico o mediante la atención de necesidades sociales. Sin embargo, parte de esa riqueza, en lugar de aplicarse al bienestar de los ciudadanos, debe ser empleada por el gobierno actual en el pago de la cuantiosa y onerosa deuda externa contraída por los partidos que actualmente le hacen oposición.
Con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la República en 1999, se esperaba un cambio en la inercia económica acentuada desde 1984. Esta inercia consistía en dejar que el precio del petróleo, única fuente de riqueza externa en una Venezuela no desarrollada, fluctuara al capricho de la mano invisible venerada por el liberalismo, para luego paliar los problemas consecuentes con más endeudamiento externo y con asistencia del Fondo Monetario Internacional. Al principio, el cambio se concentró en la búsqueda de mejores precios del petróleo, lo cual se logró con el reencuentro de Venezuela con sus socios de la OPEP, organización con la cual se mantenía una relación nada productiva hasta 1998. No obstante, la mejora en los ingresos petroleros quedó retenida, en su mayor proporción, en las arcas de la empresa estatal petrolera (PDVSA) y no fluyó hacia el desarrollo económico interno o hacia la satisfacción de la deuda social. Es a partir de la toma de control de la empresa PDVSA, en el 2003, como resultado de la fracasada huelga petrolera de sus gerentes, que el gobierno empieza a influir con fortaleza en las decisiones sobre la utilización de los recursos del petróleo.
Mientras tanto, la oposición política, liderada por los sobrevivientes jefes de los partidos políticos del viejo régimen que administró a Venezuela hasta el 1998, en asociación con los dueños de medios de comunicación y con empresarios con influencia en Washington logró con el apoyo en la calle de la mayor porción de la clase media y sectores minoritarios de obreros formar un bloque llamado Coordinadora Democrática, cuyo único objetivo es salir de Chávez a como dé lugar, incluyendo el expediente del golpe de estado. Una campaña de 24 horas de la casi totalidad de los medios radiales, televisivos y periodísticos, se ha desatado desde las elecciones de 1998 contra lo que se identificaba como el probable y ahora como el vigente «régimen tiránico de Hugo Chávez». El objetivo mediático ha sido, durante más de 5 años, presentar a Hugo Chávez como el representante de todos los males que aquejan al país y culpable de toda la pobreza (que llegaba a un 80% antes que fuera electo Presidente). Sin haberse modificado esas condiciones de ventajismo comunicacional avasallante, típica del totalitarismo mediático imperante en Venezuela, el supuesto tirano fue a un referéndum.
Mientras Hugo Chávez continúa manteniendo que su programa político está contenido en la Constitución, los lideres de la oposición venezolana no han sido capaces de presentar un programa alternativo, digerible por un país con un 80% de pobreza; y por el contrario, sus repetitivos planteamientos giran sobre la necesidad de privatizar o desnacionalizar a PDVSA para que supuestamente sus nuevos dueños produzcan riqueza que gotearía en beneficio de los habitantes del país, siendo esta la única fórmula para que, según ellos, pasemos de ser un país rentista a ser un país productivo; adicionalmente proponen privatizar la salud y la educación y flexibilizar las relaciones laborales como condición para supuestamente facilitar el empleo; además de profundizar la descentralización del poder político para reducir el poder central omnipotente. Sin embargo, tales propuestas han sido percibidas por la mayoría de los venezolanos como muy parecidas a las recetas del FMI, de ingrata recordación para los que vivimos las masacres de 1989 en Caracas, originadas por la aplicación de tales recetas.
El impacto negativo de las propuestas se ha hecho del conocimiento de la gran masa de pobres del país, alertándolos sobre las consecuencias de privatizar a PDVSA. Ha sido demostrado que se pretende debilitar al Estado y suspender las llamadas «Misiones» en las áreas de alimentación, salud, educación y empleo para que después cada venezolano pobre se las arregle como pueda, bajo el imperio de una economía que obedezca exclusivamente a las leyes del mercado. Si observamos que, la reinversión de beneficios, que garantiza el crecimiento de las empresas y es la fuente del desarrollo en un sistema capitalista, se ha efectuado raquíticamente en Venezuela, a pesar de las protecciones arancelarias y de los créditos del Estado a los empresarios y, por el contrario, la apropiación directa e indirecta de las divisas petroleras ha sido la vía para invertir en inmuebles y acciones en el exterior, era ingenuo pensar que después de ganar el referéndum del 15 de agosto de 2004, quienes hasta hace poco manejaban el país a su antojo, sufrieran un cambio en su mentalidad depredadora.
Por tanto, el verdadero referéndum del 15 de agosto fue una victoria del NO, porque la mayoría de la población no desea que se le quite al Estado la facultad de impulsar el desarrollo nacional, olvidado por el sector privado y, de distribuir parte de esa riqueza atendiendo a un concepto de justicia social del cual hacen burla los llamados intelectuales de la oposición. Cuando el 15 de agosto pasado, la dirigencia de la oposición quedó estupefacta al darse cuenta, como después de 5 años de gobierno la mayoría de los venezolanos es más chavista que nunca, quedó claro que no entienden que esa mayoría de pobres y la porción de clase media y empresarial que la acompaña han entendido que Venezuela vive del petróleo, que esa es única garantía de que el país deje de ser un país atrasado, bajo el impulso del Estado. No se trata de comunizar a Venezuela, sino de completar una tarea siempre diferida de cumplimiento de una obligación con los más desposeídos, sin que ello involucre perseguir a los que con su esfuerzo han sembrado el país de industrias y servicios, pero si oponerse a los retrógrados de siempre. Para martirio de la oposición Hugo Chávez ha sabido recoger las banderas que una vez estuvieron en manos de la oposición pero que fueron abandonadas por ellos, cuando ejercieron el poder en medio de la corrupción y el entreguismo. Para decidir su voto en el referéndum, la mayoría comprendió que se trataba de una cuestión de análisis utilitario, al comparar los sueños neoliberales, con la realidad actual donde, por fin, se empezó a dar atención a sus necesidades esenciales, porque el petróleo ahora si se percibe como un instrumento para la transformación del país y para la reducción de las desigualdades sociales.
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