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Magnificándolas y haciéndolas ver como una gran revuelta que es
reprimida por el Gobierno venezolano debido a que – dicen estas
fuentes “informativas”– se sabe perdido en un posible proceso
electoral en caso de producirse. Pero estos medios de comunicación
no plasmaron realmente toda la verdad, sino que se amoldaron a una
realidad que no es tan cierta como se percibe en el exterior.
En primer lugar veamos cómo debe ser llevado a cabo el proceso
del referéndum revocatorio en Venezuela.
El artículo 72 de la constitución venezolana reza que “Todos los
cargos y magistraturas de elección popular son revocables.
Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido un
funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento
de los electores o electoras inscritos en la correspondiente
circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para
revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores o
electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado
a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo
un número de electores o electoras igual o superior al veinticinco
por ciento de los electores inscritos o inscritas, se considerará
revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta
absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley”.
Bajo esta premisa, la oposición debió recoger un número no menor
de dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento setenta y
nueve (2.452.179) firmas, que representan el 20% del universo total
de los votantes registrados en Venezuela, en las elecciones presidenciales del año 2000
para activar el referéndum revocatorio en su contra. Sólo entonces
se procedería a activar un proceso refrendario para evaluar en las
urnas electorales la gestión del Presidente de la República.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo
encargado de verificar las firmas que entregó la oposición, las
comparó y se pronunció el día 2 de marzo del año en curso en un
informe preliminar donde se lee – según el diario Últimas Noticias-
que encontraron 1832493 (un millón ochocientas treinta y dos
cuatrocientas noventa y tres) firmas válidas, con la opción de que
un importante número de firmas iría a reparo por considerar dudosa
su procedencia. Es decir, que alguien pudo haber firmado por otro, o
haber firmado más de una vez, o que se pudieron incluir nombres y
cédulas de personas fallecidas o menores de edad. Este proceso
consiste entonces en que 816.017 (ochocientas dieciséis mil
diecisiete) personas deben volver a firmar para que se verifique que
efectivamente esa era su intención y que nadie les habría usurpado
su voluntad política.
Llama poderosamente la atención que a mediados de la semana del
27 de febrero hasta la correspondiente al 3 de marzo de 2004, la
oposición llamó a sus adeptos a tomar la calle. Para el 2 de marzo
dirigentes del partido Primero Justicia tales como Julio Borges, o
de Alianza Bravo Pueblo como Antonio Ledezma (ex Gobernador del
Distrito Federal y ex Alcalde de Caracas por el partido Acción
Democrática, de orientación socialdemócrata) desconocieron la
decisión del CNE y siguieron llamando a sus militantes o
simpatizantes al desorden en la calle debido a que “les habían
robado las firmas”. Es decir, que según ellos el referéndum contra
el Presidente debía ir porque sí.
De esta manera, la oposición venezolana quiso presionar al CNE
para que fuera directo al mecanismo del referéndum revocatorio
presidencial, sin que hubiese tantos “tecnicismos”, esto es, sin que
fueran revisadas las firmas que entregó la oposición contra el
Presidente Chávez.
Es por esta razón que un pequeño grupo de antisociales hizo actos
de presencia en las tardes a propiciar disturbios callejeros que
rayaron en lo delincuencial en las zonas del Este de Caracas. No es
una protesta que tiene un basamento político serio, ni una propuesta
alternativa de país frente a lo que está sucediendo, sino más bien
se busca la destrucción de calles y avenidas, así como la quema de
cauchos y basura, propiciando el temor de los habitantes de estas
urbanizaciones, coaccionándolos por medios violentos a quedarse en
sus viviendas. No representó una lucha de carácter ideológico, ni
siquiera político, es sólo la muestra de la más cruda agresión
contra la población de estas zonas. De hecho, en los noticieros se
informaba de que los pacientes recluidos en la Clínica Metropolitana,
ubicada en el Este de Caracas, habían sido afectados por el humo de
los objetos incendiados y de los gases provenientes de las bombas
lacrimógenas.
Sin embargo, los medios de comunicación que citamos al principio
de este artículo, magnifican estos hechos como si en Venezuela de
verdad se estuviera viviendo un caos de grandes magnitudes en el
país. El canal privado Globovisión muestra a reducidos grupos que ni
siquiera residen en las zonas afectadas quemando cauchos y basura y
como si éstos fueran los agredidos. Mientras que a la Guardia
Nacional se le denigra en repetitivos espacios mediáticos, mientras
ésta intenta mantener el orden que se supone existe en una sociedad
civilizada al no hacerlo las policías municipales de las Alcaldías
de Chacao, El Hatillo o Baruta, cuyos Alcaldes se han declarado
abiertamente opositores al Gobierno Nacional.
Me parece peligroso que desde altos edificios ubicados en
Altamira, en el Municipio caraqueño de Chacao, grupos de desadaptados le
hayan disparado a los piquetes de la Guardia Nacional (GN) con
armas de guerra. Es emblemática la imagen transmitida por nuestra
televisión cuando uno de estos piquetes se arroja íntegro al suelo,
al escuchar disparos en su contra. Por supuesto que los periodistas
que reseñaban esa noticia señalaban que era la fuerza pública quien
disparaba, aunque éstos yacían tirados en el piso. Estas acciones
nos dan una idea de las características de cómo estos sectores de
los grupos de la oposición observan la realidad política venezolana.
Lo triste de todo es que estos medios han hecho propaganda
política con las imágenes de una activista del partido Acción
Democrática que se acerca hasta el piquete de la GN y los despoja de
uno de sus rolos, razón por la cual fue neutralizada por este
cuerpo. Hacen propaganda con los grupos que delinquen quemando
basura en zonas de clase alta, es decir, el Este de Caracas, hacen
propaganda con las agresiones de las que son objeto los miembros del
poder electoral a los cuales tildan de “oficialistas”, mostrando una
realidad invertida, con los agredidos pasando a ser agresores, y los
agresores pasando a ser víctimas.
Haciendo caso omiso a la concentración chavista del domingo 29 de
febrero de 2004 en el Este de Caracas con más de un millón de
personas, y a las manifestaciones de apoyo al gobierno venezolano en
Argentina, Brasil, Uruguay y hasta en los mismos Estados Unidos, así
como obviaron que también hay procesos de firmas para activar el
referéndum a los diputados de oposición. La realidad virtual es su
meta, la realidad real – si se me permite la redundancia – no sucede
en nuestro país.
Si en verdad Venezuela tuviera una serie de manifestaciones de
grandes proporciones, no serían estas zonas ni mínimamente las más
afectadas. La mayoría de la población metropolitana no se encuentra
en esos sitios, sino en zonas de clase media o baja, tales como
Catia, 23 de Enero, El Silencio o Petare, y hacia el interior del
país hacia Guarenas o Guatire, Maracay, Valencia, entre otros. De
suceder algún tipo de manifestaciones en estas zonas si fuese un
hecho de tomar en cuenta, ya que en estas se encuentra la mayoría de
la población urbana.
Es una verdadera pena que lo que ha pasado hoy en Venezuela se
perciba por los medios privados opositores, nacionales e
internacionales, como un golpe a la Constitución Nacional y a la
institucionalidad, cuando en realidad es todo lo contrario, es el
triunfo de la participación del ciudadano común en cuanto a la
aprobación o reprobación de las gestiones de su dirigencia política.
En Venezuela no estamos al margen de las leyes, no estamos fuera de
la Constitución Nacional, si no que lo digan los observadores
internacionales que se encuentran en el país – el centro Carter y
una representación de la Organización de Estados Americanos – a
pesar de lo que plasman las radios, televisoras y periódicos
privados venezolanos y que lo emiten hacia el mundo como si su
verdad fuera la realidad venezolana actual.
Percibiendo estos hechos hoy, me pregunto cuándo será que los
grupos de oposición venezolanos tomarán seriedad en sus acciones.
Quiero señalar que la oposición es una parte fundamental del
sistema democrático, para evitar el manejo autoritario de las
riendas de un país, y que de hecho, es necesaria. Pero en Venezuela
hoy la oposición tiene una sola meta política: llegar al poder como
sea, sin ningún proyecto político alternativo frente al que puso en
marcha el Presidente Chávez desde su llegada al Palacio de
Miraflores. Es por esta razón que la figura de las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) ha sido tomada por la oposición para
utilizarlas políticamente, ya que saben que la figura del partido
político sería rechazada por la mayoría de la población que conoce
sus antecedentes políticos. La más representativa de estas ONG es la
que han llamado Súmate, que fue la que hizo el trabajo de
contabilizar, analizar y hasta abultar los datos de las firmas
recogidas por la oposición para activar el referéndum revocatorio
contra el Presidente, que hasta hoy, a pesar de marchas,
contramarchas, quema de cauchos, y permanentes mensajes vulgares
contra el Presidente por estos medios, no ha pasado nada por carecer
de apoyo popular.
Ha sido una constante que los medios de comunicación privados
venezolanos y algunos extranjeros han actuado y siguen actuando como
arma política de la oposición venezolana. Fue vergonzosa la
actuación de éstos durante el desarrollo del golpe de Estado que se
produjo entre el 11 y el 13 de abril de 2002, cuando en principio lo
alentaron, y cuando se produjo la reacción de las mayorías que
produjeron la vuelta del Presidente de las fauces de sus captores,
se autocensuraron. No emitían las acciones que se producían en las
calles de Venezuela, que al final tuvieron que aceptar y emitir la
avalancha de la verdad que se les vino encima.
Y hoy
se repite esta historia y no porque la historia se repita inexplicáblemente
a sí misma, como
creen algunos historiadores, sino porque la ambición de poder de los
líderes opositores los
lleva a aplicar la misma táctica una y otra vez: el ataque permanente contra el Presidente
y sus simpatizantes, contra el régimen
democrático que impera en Venezuela desde 1958,
trágicamente interrumpido entre los días 11 y 13 de abril de 2002, en
los fatídicos días del ascenso al poder de una clase política que
mostró lo peor de sus intenciones políticas: recurriendo al golpe y el asesinato
de dirigentes y simpatizantes del Presidente Chávez, el asedio a
la Embajada de Cuba por cinco días, con corte de luz y agua y daños
a los vehículos estacionados en su frente y el cierre de los
canales y radios del Estado venezolano sin que uno sólo de estos
canales que ahora proclaman la dictadura chavista se hicieran eco de
la realidad del momento. No parece que exista la
intención comunicacional de la búsqueda del bien nacional, sino de
intereses particulares aunque esto signifique el daño psicológico de
la mayoría de la población que recibe y acepta este tipo de información
sesgada de los sesgados medios de comunicación privados.
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